La Cámara Federal de Paraná resolvió declarar la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 en cuanto desreguló los precios de la medicina prepaga en el país. Además, el tribunal ordenó que la Superintendencia de Seguros de Salud vuelva a intervenir a los fines de autorizar las subas en las mensualidades de ese servicio.
El tribunal se pronunció en el marco de la causa, promovida por Fernando Ismael Morsentti, contra OSDE por los aumentos operados a partir de la vigencia del decreto y que, en marzo pasado, la jueza federal María Isabel Caccioppoli había inscripto como colectivo en favor de todos los usuarios de esa empresa y decretado una cautelar que dejaba sin efecto los aumentos.
Posteriormente, a raíz de una recusación contra esa magistrada, el expediente fue resuelto por el juez Pablo Seró quien decidió declarar abstracta la causa con base en el acuerdo que la Superintendencia de Seguros de Salud celebró con las empresas de medicina prepaga en la causa que tramitó en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° a cargo del juez Juan R. Stinco.
Esa decisión fue apelada y, ahora, la Cámara Federal de Paraná resolvió el fondo del asunto con la declaración de inconstitucionalidad de de los articulos 267 y 269 del Decreto 70/2023 en cuanto derogan el inc. g) del art. 5 y el art. 17 de la ley 26.682. Asimismo, ordenó a la Autoridad de Aplicación continuar con su tarea de “Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1” (art. 5 inc. g. de la ley 26.682, texto original).
La crisis de Orbis Compañía Argentina de Seguros escaló más allá de lo esperado. Tras anunciar su disolución voluntaria en marzo, la compañía dejó de operar y quedó bajo la lupa de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) . El organismo, que buscó asumir la liquidación, se topó con un revés judicial: el Juzgado Comercial N°19 rechazó su designación como liquidadora. La SSN apeló y el proceso sigue abierto. Mientras tanto, el mercado observa con preocupación un conflicto institucional que suma incertidumbre a asegurados y productores. Pese a la revocación de su licencia, Orbis mantiene atención telefónica y presencial en su sede de la Av. Boedo, aunque ya no puede emitir nuevas pólizas. El caso expone una pregunta clave: ¿quién protege al asegurado cuando una compañía se retira? La disputa por la liquidación genera ruido en un sector que debería garantizar previsibilidad. Para productores y clientes, la lección es clara: evaluar no solo el precio de una cobertura, s...

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