29 de agosto de 2024
El martes 27 de agosto se realizó el primer Coloquio del Centro de Investigación para el Desarrollo del Seguro (CIDES), fue en el Alvear Palace Hotel, bajo el lema “El impacto de la litigiosidad en la economía argentina”. Participaron referentes del sector, junto con funcionarios del Gobierno nacional y representantes de la Justicia. Allí, el propio ministro Mariano Cúneo Libarona planteó que hay que aumentar las penas contra quienes defraudan a las aseguradoras.
El presidente del CIDES, Alejandro Simón, destacó el incremento de la litigiosidad judicial en la industria del seguro. Al respecto, mencionó “la falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales, muchas veces injustificables (cuyos costos, incluso, no recaen en la parte que realiza reclamos finalmente rechazados en su procedencia o magnitud), y los esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos”.
A lo largo de distintos paneles, los expositores abordaron los principales problemas que atraviesa el sector. Sobre el tema, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, expresó que “la ley 27.348 tuvo por objeto ordenar la litigiosidad” cuando se sancionó en los años 90. En ese sentido, recordó que se había logrado reducir de 120.000 juicios laborales anuales a sólo 40.000. “Hoy, lamentablemente, volveremos a estar con un saldo de 120.000 juicios. La solución es cumplir con la ley”.
Por su lado, el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, enfatizó que “se necesita tener una superintendencia fuerte, que supervise y pueda ayudar a la Justicia”. Al respecto, explicó que trabajan para “establecer regulaciones que se puedan cumplir y eliminar las que no se pueden controlar”. Plate informó también que “hay aseguradoras que excluimos del sistema porque llenaban de juicios los juzgados”.
En tanto, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la Argentina necesita una planificación institucional para evitar la excesiva litigiosidad. El magistrado se refirió a la “excesiva litigiosidad” y alentó la formación de “agencias” que aceleren la solución de las controversias y que cuenten con los incentivos necesarios para ello.
Aumento de las penas
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propuso en el coloquio aumentar las penas contra aquellos que realizan fraudes contra las compañías de seguros e ir por los beneficios patrimoniales que, eventualmente, consiguen los implicados a través de esas “estafas”.
Las denuncias de falsos siniestros contra las compañías de seguro representan “un tremendo ataque a la propiedad y al mercado, que daña al sistema de seguros, pero va a más allá, porque afecta a la economía en general”.
En la actualidad, estas maniobras “tienen penas de entre uno a seis años de prisión, porque se trata como una estafa común y, si es tentativa, es mucho menor, por lo que puede haber probation. “La pena de fraude a compañías de seguro no puede ser tan baja. Tenemos que aumentarlas, como pasa en Alemania o España”, dijo el ministro de Justicia.
Pero además, el ministro propuso “también ir en la búsqueda de los bienes obtenidos” por los implicados en estas estafas.
Autos sin seguro
La gerente legal de Siniestros de la Caja de Ahorro y Seguros, Fabiana Compiani, advirtió que en Argentina “hay 15 millones de vehículos que circulan en Argentina, 40% de autos y motos circulan sin seguros”.
Según el Observatorio Vial “se producen 4.369 muertes anuales por accidentes viales, por 3.642 siniestros”, una cifra que permanece más o menos estable en los años “y que marcan una estabilidad de una ausencia de políticas públicas para evitar estos accidentes”.
“El crecimiento de una sociedad implica más vehículos y más accidentes, y se requieren políticas para que eviten esos siniestros”, dijo Compiani. “Se pagan por accidente de automóviles tres millones de siniestros por año”, entre accidentes, incendios, robos. Además, existen “500.000 juicios pendientes, con demoras en pericias y fallos”.
Roberto Parrilli, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, señaló que “los litigios se transforman en juicios”. Además, apuntó que “es muy difícil que alguien pueda conciliar una demanda cuando existe una inflación tan elevada”. Propuso “ir a una ley específica sobre el tema vial que debe considerar un procedimiento previo de oferta que tiene que hacer la aseguradora”.
Al respecto, Gustavo Trías, presidente de Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), explicó que “los juicios pendientes en el sector sin incluir riesgo del trabajo son 220.000, de los cuales entre transporte y autos, son 200.000”. Trías dijo que “hay 140.000 víctimas de accidentes de tránsito al año, eso quiere decir que en 20 años el 10% de la población va a ser damnificada”.
“Este flagelo deviene en reclamos a la actividad aseguradora. De esos dos millones de siniestros, 95% se resuelve por vía administrativa, el 5% pasa a etapa de mediación y el 68% que estuvo en mediación se resuelve en esa etapa. Sólo se judicializa el 1,6%”.
Un fallo reciente del fuero Civil volvió a poner sobre la mesa un tema sensible: la vulneración de los derechos de los consumidores en el sistema financiero y asegurador. En esta ocasión, el Banco Patagonia S.A. y Seguros Sura fueron condenados solidariamente por haber renovado de manera unilateral un seguro que nunca fue consentido por el cliente. El caso: débitos indebidos y falta de transparencia El afectado, un trabajador estatal de la ciudad de Roca, descubrió que en su cuenta sueldo se le habían debitado montos correspondientes a un seguro que no había contratado. Si bien en el pasado había suscripto una póliza, en esta ocasión la renovación fue automática y sin su autorización expresa. Ante los reclamos en la sucursal, no obtuvo respuestas claras. Por el contrario, le aseguraron que se trataba de un seguro “obligatorio”, sin brindar información precisa ni documentación respaldatoria. Pese a solicitar la devolución del dinero, nunca se le reintegraron los importes. La demanda: de...
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