La reciente operación en Mendoza, donde la Justicia y la policía desbarataron una banda dedicada a simular robos de autos y estafar a compañías de seguros, deja al descubierto un problema que va más allá de lo policial: muestra cómo las fallas en los controles alimentan la desconfianza en el sector asegurador y perjudican tanto a productores como a asegurados legítimos.
El caso: desarmaderos, fraudes y aseguradoras engañadas
La organización criminal, con base en el Gran Mendoza, operaba en dos frentes paralelos:
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Robos reales de vehículos, cuyos repuestos terminaban en el mercado negro de desarmaderos.
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Robos simulados, donde pactaban con supuestos dueños de autos para denunciar siniestros falsos, cobrar indemnizaciones de las compañías de seguros y, además, obtener ganancias vendiendo las autopartes de los rodados dados de baja.
La magnitud de la operación quedó clara tras 26 allanamientos simultáneos en Guaymallén, Las Heras y Maipú: se secuestraron 14 vehículos, autopartes de otros 20 y se detuvo a 12 personas, mientras que 5 miembros de la banda permanecen prófugos.
¿Por qué debería importarle a un asegurado o a un productor?
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Asegurados comunes: cada fraude de este tipo impacta en el bolsillo de quienes pagan sus pólizas de buena fe. Las compañías ajustan tarifas para cubrir estas pérdidas, lo que significa primas más caras para todos.
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Productores y brokers: estas estafas erosionan la confianza del cliente en el sistema asegurador. Cuando un asegurado escucha noticias sobre fraudes, tiende a ver al seguro como “un negocio sucio” y no como una herramienta de protección real. Eso obliga a los productores a redoblar esfuerzos de educación y transparencia.
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Compañías de seguros: el caso revela grietas en los procesos de suscripción, investigación de siniestros y control interno. Una banda organizada no podría sostener fraudes sistemáticos sin detectar vacíos en los mecanismos de verificación.
Más allá de Mendoza: un problema nacional
Si bien esta organización actuaba en Cuyo, el fenómeno del “autorobo” o robo simulado es recurrente en distintas provincias argentinas. El incentivo es claro: la crisis económica y la depreciación de los vehículos impulsan a algunos a buscar salidas ilícitas para “hacer negocio” con su seguro.
El costo, sin embargo, lo paga toda la cadena: aseguradoras que pierden millones, PAS que ven dañada su reputación y consumidores honestos que enfrentan mayores costos y más trabas para cobrar un siniestro legítimo.
Conclusión crítica
El desmantelamiento de esta banda es una buena noticia en el plano policial, pero deja abierta una preocupación mayor: la falta de coordinación entre aseguradoras, organismos estatales y fuerzas de seguridad para prevenir fraudes masivos.
Hasta que no se avance en sistemas más sólidos de control y trazabilidad de vehículos y autopartes, estas estafas seguirán repitiéndose. Y en ese escenario, los que pagan el precio más alto no son las bandas criminales, sino los asegurados honestos que ven encarecidas sus pólizas y demorados sus reclamos.
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